Jue. 23 Mayo 2024 Actualizado ayer a las 5:04 pm

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De izquierda a derecha: Miguel Díaz-Canel, Xiomara Castro, Andrés Manuel López Obrador, Ariel Henry, Gustavo Petro y Nicolás Maduro (Foto: Gobierno de México)

El nuevo (y necesario) abordaje migratorio del Acuerdo de Palenque

El pasado 22 de octubre de 2023, en la ciudad de Palenque, Chiapas, en el sur de México, altas autoridades de 10 países integrantes de la llamada Ruta Norte del Flujo Migratorio en América Latina y el Caribe se reunieron con el objetivo de construir soluciones integrales ante el aumento del tráfico migratorio irregular observado durante los últimos años.

Entre los asistentes, además del anfitrión, destacó la presencia de cinco Jefes de Estado y de Gobierno (Colombia, Cuba, Haití, Honduras, Venezuela) y de otras delegaciones procedentes de Belice, Costa Rica, El Salvador y Panamá. El encuentro congregó un total de 11 países que apuestan por un abordaje que asuma las profundas consecuencias de los procesos migratorios.

Del acuerdo se destaca una hoja de ruta asumida por los Estados para el abordaje integral del fenómeno migratorio y la incorporación de un lenguaje, invisibilizado en los foros regionales que se han venido realizando en el último lustro, pero que en esta ocasión estuvo presente de forma explícita. Nos referimos a la mención de las medidas coercitivas unilaterales como generadoras de la movilidad humana.

El Encuentro de Palenque, denominado "Por una Vecindad Fraterna y con Bienestar", rompe con una lógica observada en algunos foros sobre migración, como el llamado Proceso de Quito o el de la Plataforma RV4, cuya razón de ser residió en la instrumentalización de la migración —en especial la venezolana— para desestabilizar algunos gobiernos y para mercantilizar los procesos migratorios que han fomentado el acceso de financiamiento internacional existente —y por existir—.

Analizar el Acuerdo de Palenque a la luz de lo que se venía contemplando en otros mecanismos y declaraciones sobre migración permite evidenciar un punto de inflexión que podría significar un cambio sustancial en cómo la región asume los flujos migratorios observados en la llamada Ruta Norte, en especial la de los nacionales venezolanos.

Un breve pero necesario contexto

Los desplazamientos migratorios no son nuevos y han estado vinculados a la necesidad del ser humano de buscar espacios que faciliten su existencia. Si hace milenios se buscaban lugares que garantizaran alimentos y buen clima, en los actuales momentos los migrantes apuestan por mercados laborales que proporcionen trabajos, buenos salarios, garanticen su seguridad e integridad personal y, en definitiva, condiciones mínimas de existencia.

En este sentido, la migración internacional no responde a las mismas causas en todo el mundo sino que, dependiendo del contexto, atiende a factores económicos, geográficos, demográficos y de otra índole que conforman claros patrones de migración; incluso, en la actualidad, la guerra y el cambio climático, que hace insostenible la vida en lugares específicos del planeta, se incorporarían como factores que alientan la migración.

En América Latina y el Caribe, en un momento de alta desigualdad y pobreza producto de una desigual división internacional del trabajo, los migrantes buscan acceder al mercado laboral estadounidense que ofrece salarios comparativamente mejores —aun cuando se hayan estancado desde los años 1980— que los que tienen en su lugar de origen, para desde allí aportar con divisas (remesas) al sostenimiento de la casa y los familiares que se quedaron en sus lugares de procedencia.

El problema adquiere nuevas dimensiones cuando asumimos que América Latina y el Caribe sigue siendo la región más desigual del planeta y se encuentra justo al lado del país que es el mayor receptor de migrantes: Estados Unidos, que según datos de la Organización Internacional de Migración (OIM) para 2020 tendría una población nacida en el extranjero de 51 millones de personas.

La migración, vista integralmente, otorga beneficios tanto a las personas que deciden desplazarse como a las comunidades que los reciben, así como a las de donde partieron. No obstante, crea enormes problemas cuando se realiza de forma irregular y ocurre poniendo en riesgo la integridad y garantía de los derechos humanos de las poblaciones que deciden migrar.

La instrumentalización y mercantilización de la migración

Históricamente los flujos migratorios en América Latina y el Caribe han estado asociados a la necesidad de garantizar medios de subsistencia. Las distintas crisis económicas generadas a partir de la implementación de las políticas neoliberales de la década de 1990 y principio de los 2000, como la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en México y la dolarización en Ecuador, son ejemplos de cómo políticas económicas regresivas impulsaron altos desplazamientos demográficos desde esos países —y otros de América Latina y El Caribe— hacia Estados Unidos y Europa —sobre todo España—.

Desde la firma del Decreto Obama en 2015 la región fue testigo de un flujo migratorio inédito de venezolanas y venezolanos que, viendo la precarización producto de las medidas estadounidenses que afectaban la normalidad económica del país, decidieron buscar en otras latitudes los medios de subsistencia negados por las sanciones y el bloqueo en Venezuela; y si bien las primeras opciones las constituyeron los países vecinos y cercanos de Sudamérica, tras la comprobación de las complejidades económicas existentes en esos lugares se viene notando un incremento del movimiento hacia Estados Unidos como país destino.

El detalle, sin adentrarnos en descripciones del flujo migratorio venezolano y de las complejas realidades que le ha tocado sortear en su periplo, es que durante los años 2018-2021 la región, e importantes sectores opositores al gobierno del presidente Nicolás Maduro, instrumentalizó la migración venezolana —en el marco de la política de "máxima presión" durante la era Trump— como carta de descrédito ya que "la gente huye de Venezuela" a consecuencia de la "dictadura".

En este escenario, con una situación económica desestructurada a consecuencia de las medidas coercitivas unilaterales contra el país, sumado al fomento e incentivo institucionalizado en la región —se llegó a permitir el traslado de nacionales venezolanos por toda Sudamérica sin la documentación mínima, lo que contraviene los principios de migración segura, ordenada y regular que contempla el Pacto Mundial para la Migración—, que apostaba por la salida masiva de venezolanos y venezolanas de sus lugares de origen, las complicaciones que eso comenzó a generar en los países receptores inauguró una campaña que buscaba monetizar una situación creada por ellos mismos.

Desde el difunto Grupo de Lima, y en especial desde Estados Unidos, se comenzaron a diseñar supuestas soluciones enfocadas en la búsqueda de financiamiento externo a través de organismos internacionales y donantes públicos (otros Estados) y privados para atender el flujo migratorio de venezolanos y venezolanas; atrás quedaban los migrantes de otras nacionalidades que no daban réditos políticos ni contribuían a la salida de la "dictadura" venezolana.

En este marco, en abril de 2018 surgió la llamada Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V), conformada por más de 200 organizaciones (incluidas agencias de la ONU, "sociedad civil", organizaciones religiosas y muchas ONG, entre otras) que coordinan esfuerzos bajo el Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela (RMRP, por sus siglas en inglés) en 17 países de América Latina y el Caribe.

Según la plataforma, para septiembre de 2023 han atendido 1,5 millones de venezolanos y venezolanas migrantes y, según los cálculos que realizan, se necesitan 1,7 mil millones de dólares para asistir esa población, de los que hasta la fecha apenas han conseguido 16% (287 millones de dólares), distribuidos entre distintos países de la región.

En 2018 también se conformó lo que se llamó el Proceso de Quito, mecanismo multilateral de diálogo e intercambio de información "sobre la situación de cada país [y] articula una estrategia regional para atender la crisis de refugiados y migrantes venezolanos", que buscó también afianzar la cooperación financiera internacional, como se desprende de su primera declaración y que está presente en las subsiguientes —más de ocho declaraciones hasta la fecha—.

En este primer documento se institucionalizó el tránsito irregular de venezolanos y venezolanas por toda América Latina y el Caribe y se incentivó la migración con el otorgamiento de "beneficios" que otras nacionalidades no tendrían o a los que no podrían acceder.

Ambos ejemplos sirven para destacar cómo se abordó la migración venezolana durante esos años en la región, tiempo cuando las sanciones económicas contra el país se hicieron sentir de forma más crítica sobre la población venezolana. Muestran la instrumentalización y mercantilización del flujo migratorio venezolano y constituyen una muestra más de cómo se asumen de forma diferenciada las migraciones atendiendo al cálculo político, como ocurrió con la política de pies secos y pies mojados aplicada a la migración cubana.

Actuando y abordando un problema de forma distinta

El Acuerdo de Palenque aparece para romper con esa lógica y reposiciona temas que en la agenda de manipulación, instrumentalización y mercantilización que caracterizó el periodo 2018-2022 no estaban incluidos. Queremos hacer especial mención a los siguientes, por el impacto que, con relación a Venezuela —podría valer también para otras nacionalidades—, tienen:

  • Por primera vez en referencia al tema migratorio venezolano se hace mención directa e inequívoca a la afectación negativa que tiene sobre la población general, y sobre los más vulnerables en particular, la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales (segundo párrafo introductorio), asumiendo que "tienen graves repercusiones más allá de los países objetivo" (segundo párrafo del punto 2).
  • Exhorta el "abandono" de políticas selectivas de países destino, como la que se observó al promover la migración irregular de venezolanos durante el periodo antes mencionado. El párrafo quinto expresa explícitamente "evitar producir arbitrariamente tanto efectos llamada, como efectos disuasivos, tales como la regularización de ciertas nacionalidades" y como la aplicación del llamado TPS de Estados Unidos a nacionales venezolanos.
  • En el párrafo noveno insta a la promoción de diálogos bilaterales entre países de origen, tránsito y destino de los migrantes, haciendo una mención indirecta al restablecimiento de relaciones consulares que permitan el abordaje integral de los flujos migratorios. Actualmente Venezuela no tiene relaciones establecidas con Costa Rica, Guatemala y El Salvador (tránsito) ni con Estados Unidos (destino).

Algunas consideraciones finales

Más allá de las presiones que el gobierno de Estados Unidos esté ejerciendo sobre países particulares como México para que asuman posturas alineadas con la política migratoria estadounidense, la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de convocar este encuentro y dirigir sus esfuerzos hacia los objetivos planteados en la declaración son, cuando menos, valientes en un contexto donde el esfuerzo puede ser criticado o condenado.

El rompimiento de las lógicas que se venían asumiendo en la región podría constituir, a partir del Acuerdo de Palenque, el inicio del fin del Proceso de Quito y de R4V que tanto daño han hecho a la migración venezolana, y pudiera promover al mismo tiempo el restablecimiento del abordaje vis a vis entre el gobierno venezolano y otros de la región.

Todo el ecosistema oenegero se verá afectado de concretarse la hoja de ruta establecida en el acuerdo, lo que socavará el relato establecido acerca de la migración venezolana.

Venezuela, y en particular el presidente Nicolás Maduro, sigue consolidando su presencia internacional en espacios de diálogo que pudieran resultar incómodos por la temática que abordan —como el de la migración—, pero donde se logran posicionar los argumentos del gobierno venezolano.

La restitución de las relaciones consulares podría significar un alivio a los requerimientos institucionales —solicitud de trámites— de la migración venezolana de cara a facilitarle su regularización en los países donde decida libremente establecerse, o para regresar al país sin los inconvenientes que la falta de documentación impone.

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