El 16 de junio de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció públicamente un acuerdo con la empresa Unicat Catalyst Technologies, para que pagara 3,88 millones de dólares por haber realizado transacciones comerciales con la estatal venezolana Briquetera del Orinoco, antes denominada como Orinoco Iron.

Esta acción confirma la aplicación ilegal y extraterritorial de sanciones estadounidenses y muestra explícitamente, sin ningún tipo de matiz, el funcionamiento de un régimen de coerción, chantaje y extorsión económica orientado a impedir que países soberanos, como Venezuela, desarrollen sus capacidades industriales y comercien libremente, según sus prioridades, con terceros.

¿Qué es Unicat?

Unicat Catalyst Technologies es una compañía privada con sede en Texas, especializada en el desarrollo de catalizadores y tecnologías de proceso avanzadas dirigidas a sectores estratégicos como el petróleo, la petroquímica y la siderurgia.

Desde su fundación en el año 2000, la empresa ha desarrollado más de un centenar de productos destinados a procesos clave como el hidrotratamiento, la eliminación de impurezas, la producción de hidrógeno y el reformado de gas, todos fundamentales para la operación de refinerías, plantas de metanol, instalaciones de hierro de reducción directa y sistemas de producción gasífera.

Los catalizadores y adsorbentes que produce Unicat son esenciales para mantener la eficiencia, seguridad y continuidad operativa en procesos industriales altamente exigentes, pues su tecnología permite eliminar compuestos como azufre, cloruros y mercurio, a la vez que optimiza el rendimiento de los sistemas y prolonga la vida útil de los equipos industriales.

En el ámbito siderúrgico, Unicat provee catalizadores diseñados para reformadores de vapor primarios utilizados en plantas de procesamiento de hierro y acero.

Para empresas estratégicas del Estado venezolano vinculadas a las áreas petrolera y siderúrgica, este tipo de tecnologías especializadas resulta imprescindible. La adquisición de catalizadores no solo es una necesidad técnica, sino también un requisito operativo para garantizar la continuidad de sus plantas, elevar el rendimiento y cumplir con los estándares internacionales de eficiencia industrial.

La sanción y la multa

Volviendo al documento publicado por la OFAC, se detalla que la empresa estadounidense Unicat Catalyst Technologies fue sancionada por haber vendido catalizadores industriales tanto a Irán como a la referida empresa estatal venezolana, vinculada directamente al aparato productivo nacional en el sector siderúrgico.

Como parte del acuerdo con la instancia sancionatoria, Unicat se comprometió a pagar 3.882.797 dólares para "resolver su responsabilidad civil por infracciones" a los regímenes de sanciones de Estados Unidos aplicables a Irán y Venezuela.

Las operaciones objeto de investigación se realizaron entre 2016 y 2021, bajo la dirección del entonces CEO Mani Erfan, e incluyeron tanto la venta de catalizadores como la prestación de asesorías técnicas a clientes iraníes mediante intermediarios.

Sin embargo, es importante destacar que la OFAC no descubrió estos hechos por iniciativa propia o capacidad investigativa. Fue el nuevo director ejecutivo de Unicat, designado tras la fusión de la empresa en 2021, quien al revisar las operaciones colaboró activamente con las autoridades estadounidenses.

Fue esta autodelación corporativa lo que permitió al gobierno de Estados Unidos montar el caso y aplicar la sanción.

La OFAC señala que la multa inicialmente podía ascender a más de 8 millones de dólares, pero se redujo a poco menos de la mitad al considerar ciertos factores atenuantes. Entre ellos figuran la revelación voluntaria de los hechos por parte de la empresa, su colaboración activa con la investigación y la implementación posterior de medidas correctivas.

Como agravantes, la oficina del Departamento del Tesoro destacó el uso deliberado de mecanismos para encubrir las legítimas operaciones con Irán y Venezuela, tales como el empleo de terceros países, pagos en efectivo y el ocultamiento de información en la correspondencia interna.

En su justificación, el organismo invoca el supuesto impacto negativo de estas actividades en los "objetivos de política exterior y seguridad nacional" de Estados Unidos, apelando una vez más al recurso trillado de la seguridad nacional como argumento para intervenir extraterritorialmente en actividades comerciales.

Esta retórica, habitual en el discurso sancionatorio de Washington, sirve para intentar revestir de legitimidad jurídica lo que, en esencia, son decisiones de naturaleza política destinadas a hostigar a Estados que no se alinean con sus intereses estratégicos.

Además, este caso refuta de forma categórica el discurso falsario promovido por figuras como María Corina Machado o Leopoldo López, quienes sostienen que las sanciones "no afectan al pueblo" o "solo presionan al gobierno".

Lo que aquí se vigila es la venta de catalizadores para refinerías y plantas siderúrgicas, tecnologías fundamentales para sostener la producción de gasolina, acero, metanol o hidrógeno. Sancionar ilícitamente este tipo de insumos implica interferir en la capacidad del país para mantener su infraestructura básica, producir bienes esenciales y garantizar servicios.

La consecuencia no es un "castigo al gobierno", sino una agresión directa contra el aparato productivo nacional y, por ende, contra la población.

En resumen, el asunto de Unicat no solo documenta una operación comercial coaccionada, sino que expone el verdadero rostro del régimen de sanciones. Es el último en una serie de crímenes con la excusa de las sanciones contra Venezuela.

Pese a este tipo de acciones punitivas, numerosas empresas, actores financieros y gobiernos alrededor del mundo no se han quedado de brazos cruzados. Frente al uso abusivo y extraterritorial de las sanciones, han comenzado a diseñar y aplicar mecanismos de protección, cooperación y evasión legítima que les permiten continuar operando conforme a sus intereses soberanos.

Estos esfuerzos se inscriben en una dinámica creciente de reorganización del comercio internacional, donde cada vez más países buscan reducir su exposición al sistema financiero controlado por Estados Unidos y fortalecer alternativas que les garanticen independencia operativa.