Mié. 28 Febrero 2024 Actualizado 5:13 pm

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La información de su inhabilitación ha permitido volver a constatar que María Corina Machado tiene su principal red de dolientes en el extranjero (Foto: EFE)

El día de la marmota, protagonizado por María Corina

El pasado 28 de junio transcendió que María Corina Machado está inhabilitada por 15 años para presentarse y ejercer cargos públicos, detalló la Contraloría General de la República en un documento en respuesta a la solicitud del diputado opositor venezolano, José Brito, para conocer el estatus administrativo actual de la exdiputada.

Las reacciones a la noticia no dieron ninguna sorpresa, salvo por la bifurcación, siempre presente, entre realidad y ficción que acompaña cualquier acontecimiento alrededor de la portavoz del partido fantasma Vente Venezuela, y que el viernes se reconfirmó.

Mientras ese día transcurrió con normalidad en las calles, la fanaticada de María Corina en redes sociales convirtió el hecho en un evento casi apocalíptico en el cual el país estaba próximo a paralizarse hasta que la medida no fuese revertida, en una especie de remake del conocido y oligofrénico "tic tac" de Franklin Virgüez en el momento cumbre de la "operación Guaidó".

Ese viernes de hipnosis colectiva en redes fue, a su vez, producto inmediato de otra mayor, generada por el sesgo de confirmación que propiciaron sus giras y convocatorias del último mes, donde mediante trucos de cámara y luces de teléfonos encendidas en medio de sus discursos se forjó la creencia de que contaba con un músculo de movilización social genuino que se activaría en lo inmediato cuando ella y su tropa tuitera quisieran.

Lo que ha seguido después de la noticia, en cambio, ha sido el baño de realidad correspondiente de una secuencia de espaldarazos a través de comunicados de figuras, organizaciones y entidades con nulo impacto en la realidad política venezolana.

En otra escala, la noticia de su inhabilitación ha permitido volver a constatar que María Corina Machado tiene su principal red de dolientes en el extranjero, la cual se mueve bajo principios de solidaridad de clase, poder e ideología, y sobre todo de intereses.

Y es justo ahí donde la coyuntura en torno a la inhabilitación de Machado adquiere un peso real, donde ella es una de las variables, no la única ni la más importante.

Estados Unidos y la Unión Europea (UE) rechazaron la información de la Contraloría utilizando un juego semántico uniforme que recalca que, al final, la exdiputada es uno de sus múltiples vehículos de injerencia, presión y promoción de intereses en Venezuela.

Pero más importante que la mención directa a Machado es el modo de representar e interpretar el acto de la inhabilitación, y lo que ello prefigura para los comicios presidenciales pautados para el año que viene en Venezuela. Justo ahí, Machado también queda expuesta en su condición de recurso no renovable a ser utilizado a conveniencia; como el resto de la galaxia de dirigentes del antichavismo.

Mientras la UE expresó, a través de su alto representante de política exterior, Josep Borrell, "su profunda preocupación con las decisiones que tratan de impedir a miembros de la oposición ejercer sus derechos políticos fundamentales, como ha sido el caso de María Corina Machado", el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, indicó que la decisión "priva al pueblo venezolano de derechos políticos básicos".

Ambas declaraciones parecen haber sido escritas en una misma habitación.

La clave de las mismas radican en lo que omiten interesadamente. Se habla de derechos políticos supuestamente violentados, como si la inhabilitación no fuese una respuesta a derechos humanos elementales de la población venezolana que previamente fueron vulnerados durante la campaña de máxima presión estadounidense, que contó con la aprobación y el respaldo abierto de María Corina Machado.

En este sentido, el mensaje unívoco de Estados Unidos y la UE sobre la inhabilitación tiene un trasfondo colonial, según el cual el gobierno venezolano debe someterse al dictamen de potencias extranjeras por encima de sus leyes internas que limitan el ejercicio político de quienes hayan colaborado o participado en movimientos contra la soberanía nacional y la integridad del Estado.

Ese elemento será, nuevamente, el nervio central de la disputa político-electoral del año 2024: la pugna entre soberanía y tutelaje, entre autodeterminación y reconquista, presente en todas las batallas políticas desde el 5 de marzo de 2013 en adelante.

La inhabilitación de María Corina Machado ha reflotado este eje transversal del conflicto, y a partir de ahí se busca revivir tensiones que contribuyan a configurar un escenario de desconocimiento del proceso electoral del año que viene.

El día de la marmota aplicado al conflicto venezolano.

Si sobre la base de ese cálculo María Corina Machado debe ser sacrificada para una escalada de tensión, pues ella contenta de prestar dicho servicio. Al final, de lo que queda de oligarquía venezolana no se puede esperar otra cosa, a lo que ya un registro histórico de siglos de felonías se ha cansado de comprobar.

Sin embargo, ya el curso de las cosas no es tan lineal como en 2018, previendo el interés de retomar la agenda de desconocer los resultados de las presidenciales como en aquel año.

Hay una guerra en Ucrania de por medio que eleva sensiblemente los costos de avanzar en una nueva ofensiva de presión contra Venezuela, que la deje por fuera de una ecuación energética mundial compleja, en la que los ingentes recursos del país se ofrecen como vía de estabilización del mercado global de energía.

En este punto, sin lugar a dudas, la información de la inhabilitación ha sido un error en la matrix. Para Estados Unidos y la UE, hasta el pasado viernes, todo se desarrollaba acorde a un guión sin fisuras.

La presión económica continuaría afectando la gestión de gobierno y el bienestar de la población mediante la retención de los 3 mil millones de dólares pactados en Ciudad de México y la prolongación de la arquitectura vigente de "sanciones", intercalando licencias administrativas que, aunque flexibilizan algunos vértices del esquema de presión económica-financiera, no alteran significativamente la restricción externa que es el origen de la inestabilidad económica de la nación venezolana y de los límites de una recuperación general efectiva en términos salariales y de servicios públicos.

Con el dinero confiscado ilegalmente a Venezuela, como se ha demostrado, se financiarían las primarias, y llevarían a María Corina a la jefatura de la oposición para ser la opción electoral principal en 2024. Pero daba igual quién ganara ese acto político de las primarias. Todos los caminos llevan al Departamento de Estado.

Entre tanto el Estado, forzado a la inacción económica y social por las "sanciones", dejaría el terreno libre para que, según ese escenario, llegara al poder una persona que públicamente ha llamado a una intervención militar en territorio venezolano y a la aplicación de las medidas de asfixia que han ocasionado un grave daño material, humano y social en el país.

El crimen perfecto. Una partida ganada con trampa.

Una vez ahí —sigue la fantasía—, Machado completaría el realineamiento de Venezuela con el mundo occidental, lo que facilitaría la entrega de todo aquello que pueda ser entregado en cuanto a recursos estratégicos y soberanía.

Pero ese secuencia de proyecciones dependían de un factor esencial: que las propias instituciones del Estado venezolano evadieran su responsabilidad política y moral de tomar acciones conforme a las leyes del país para responsabilizar a quienes han atentado contra la soberanía nacional y la vida de la población.

Por esta razón, la posición de Estados Unidos y la UE sobre la inhabilitación de Machado encubre, bajo la premisa interesada de los "derechos políticos", el malestar de que el país aplique su ordenamiento jurídico y adjudique responsabilidades a quienes han colaborado precisamente con Estados Unidos y la UE para socavarlo desde todo punto de vista.

Que el país no se defienda a sí mismo no solo no es una opción sino que sería traicionar el pilar que lo sostiene todo: el carácter irrevocable de soberanía establecido en el artículo 1 de la Constitución.

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