Venezuela recientemente publicó un comunicado en el que expresa "su plena disposición a ejercer todas las coordinaciones necesarias con las autoridades de la República de Colombia en materia de seguridad", y para ello ofreció todos los recursos institucionales con miras a cumplir los objetivos trazados.
"Venezuela reafirma su compromiso con la seguridad fronteriza y regional, la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y el fortalecimiento de la cooperación bilateral, sobre la base del respeto mutuo, la soberanía nacional y la responsabilidad compartida en la preservación de la paz y la estabilidad de la región", reza el comunicado publicado el 12 de noviembre.
Para darle cumplimiento a la instrucción del Ejecutivo el Comando Estratégico Operacional de la FANB activó la Zona Operativa de Defensa Integral N° 31 Apure con el despliegue de sus fuerzas y medios con la operación "Soberanía y Paz" con miras a desmantelar campamentos logísticos y pistas clandestinas, medios que usan los grupos criminales transnacionales para la extorsión, el narcotráfico y el contrabando de extracción.
El despliegue se realiza luego de que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) secuestrara a la subteniente del Ejército en el departamento de Arauca, María Camila Pantoja. La Décima Octava Brigada del Ejército denunció que la militar fue interceptada por dos hombres armados cuando se movilizaba por el casco urbano del municipio de Saravena, en Arauca. El Frente de Guerra Oriental confirmó el pasado 5 de noviembre que tiene en su poder a la uniformada.
Arauca es uno de los territorios más afectados por el histórico conflicto armado colombiano debido a la presencia histórica del ELN y a su ubicación estratégica para el tránsito de grupos armados ilegales. La guerra se ha intensificado en los últimos años a pesar de que, en 2023, el expresidente Gustavo Petro augurara que en 2025 cesaba definitivamente la guerra de décadas entre ELN y el Estado colombiano, alimentada sobre todo por la violencia oficial.
En respuesta al secuestro, el ministro de Defensa de Colombia, Jorge Eduardo Mora, pidió Estados Unidos mediar ante Caracas para que colaborasen en la búsqueda de una subteniente del Ejército. "Estamos en un proceso de búsqueda de inteligencia, pidiendo obviamente el apoyo de los Estados Unidos, que a través de ellos intercedan también en Venezuela, para que desde allá también hagan un esfuerzo de contribución dentro del trabajo que estamos esperando", manifestó Mora.
El más reciente ciclo de violencia a gran escala en la frontera colombo-venezolana se intensificó a principios de octubre cuando hubo un enfrentamiento en Venezuela entre la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y miembros del ELN, dejando como víctimas una persona muerta y al menos cinco heridos.
El enfrentamiento ocurrió en la localidad de Junín, cerca de la frontera con Colombia, y fue el primero entre las fuerzas venezolanas y la guerrilla desde la llegada al poder del presidente colombiano Abelardo de la Espriella. Recordemos que durante su campaña electoral prometió luchar contra el "crimen organizado" con el apoyo de Estados Unidos.
El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, ha reiterado el llamado a la población para que evite trasladarse al departamento del Norte de Santander. Dados los recientes enfrentamientos solicitó, abstenerse de cruzar la frontera si no es estrictamente necesario.
En ese sentido dijo que los cuerpos de seguridad han reforzado los controles en la línea limítrofe para impedir que estos hechos violentos se trasladen al territorio venezolano, al tiempo que expresó su respaldo a los comerciantes y empresarios de la zona. Asimismo, extendió su solidaridad al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, y al alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, ante la violencia extendida.
"No podemos descartar que un delincuente intente ingresar por una zona rural. Lo que sí ratifico es nuestra determinación de actuar frente a quienes crucen con la intención de cometer delitos. La respuesta debe darse por la vía de la justicia, ante los tribunales competentes", dijo en una transmisión desde la frontera.
La porosidad de la frontera colombo-venezolana, además de extensa, ha sido aprovechada históricamente por grupos criminales y contingentes guerrilleros para llevar a cabo diversas actividades, no solo relacionadas con el poder de fuego, sino también con las dinámicas económicas delictivas que han afectado durante décadas a los estados Táchira, Zulia y Apure, así como a los departamentos colombianos que comparten geografía con esas zonas. El ELN es solo uno de los factores en pugna, pero asimismo el ejército colombiano ha tenido una cuota importante de responsabilidad en el constante conflicto, junto con el crimen organizado, que ha permeado la estabilidad de la frontera en el lado venezolano.
Por ello, la toma de decisiones desde las gobernaciones del Táchira y de Apure, y de Miraflores en general, tiene pertinencia en cuanto y en tanto atiende las variables negativas que se desarrollan por esta dinámica de violencia oficial-guerrillera y flujo mercantil de las economías ilícitas.
Sin embargo, esta etapa de violencia tiene un antecedente más lejano. Comenzó el 16 de enero de 2025 con el estallido de una ofensiva armada en la región del Catatumbo, Norte de Santander, en el límite con el estado Zulia, y estuvo signada por los siguientes hechos y actores:
Los grupos armados ELN y el Frente 33, que se disputan la región del Catatumbo, dejó civiles desaparecidos y miles de desplazados. El territorio es un lugar estratégico para la producción y el tráfico de drogas, por lo que estos grupos irregulares históricamente han compartido el control de grandes partes del Catatumbo desde 2018 bajo un acuerdo de coexistencia armada.
En la mañana del 16 de enero, el ELN cometió una serie de asesinatos de manera simultánea en corregimientos de cinco municipios del Catatumbo: Teorama, Convención, Hacarí, Tibú y El Tarra. Según los reportes, entre las víctimas se encontraban líderes sociales, miembros de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (ASUNCAT) y excombatientes de las FARC desmovilizados desde 2016.
El detonante fue que ELN rompió los pactos de no agresión que se mantenían en la zona para recuperar los espacios dedicados al comercio ilícito, y lanzó una ofensiva simultánea contra el Frente 33 (disidencias de las FARC) y contra excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz de 2016. La disputa responde al control territorial de corredores estratégicos para el narcotráfico y economías ilícitas transfronterizas.
El estallido forma parte de una dinámica fronteriza que se viene reconfigurando desde 2017 cuando se desmovilizaron las FARC, fecha en la que distintos grupos armados comenzaron a disputarse los vacíos de poder, las rutas de cocaína, el contrabando y la minería ilegal a lo largo de los más de 2.200 kilómetros de límite binacional que comprende los ejes Catatumbo-Zulia, Arauca-Apure y Vichada-Amazonas.
Desde agosto de este año, el gobierno colombiano ha concentrado los ataques con bombardeos en Norte de Santander y Arauca, así como el despliegue de más de 8 mil tropas. Durante la madrugada del 11 de octubre, fue atacado un campamento del Frente 33 en una zona comprendida entre Tibú y El Tarra. Murieron cuatro personas, incluida una adolescente de 16 años.
El Tiempo reporta que en la frontera hay más de 8.500 integrantes de grupos armados, lo que permite dimensionar el escenario de guerra. A esto hay que añadir la lucha por el control de las economías ilegales; a la producción y comercialización de cocaína se le añade un rubro nuevo: la explotación ilegal de oro.
Una fuente dijo al diario que un kilogramo de oro puede alcanzar los 500 millones de pesos en el Catatumbo, mientras que un kilogramo de coca se comercializa por alrededor de 5 millones de pesos. Este margen sin duda convierte la minería ilegal en una fuente de ingresos para los grupos armados que buscan controlar las zonas de explotación, las rutas de transporte y los pasos que conectan con Venezuela.
Es una realidad insoslayable que hay un deterioro de la seguridad en la frontera que inició durante el gobierno de Iván Duque. Su administración significó una etapa oscura porque se agudizó la crisis entre Colombia y Venezuela y dejó a la deriva factores económicos y de seguridad de la frontera entre ambos países, adoptó un discurso de confrontación y permitió que el territorio colombiano se convirtiera en un centro de operaciones para ataques a Venezuela.
Informes indican que tras su salida el país quedó envuelto en "la crisis humanitaria más grande desde que se firmó el Acuerdo de Paz" firmado con Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en noviembre de 2016. Contrario a combatir los grupos criminales, hubo una simbiosis con grupos paramilitares que se hizo evidente en el marco del Plan Guaidó y la Operación Gedeón.
La ruptura de relaciones con Venezuela facilitó la creación de trochas que se convirtieron en el caldo de cultivo para el contrabando y la extorsión de las poblaciones fronterizas de ambas naciones. Por ello, la movilización de Venezuela en la frontera ha sido perentoria, llevando a colaborar con el Estado colombiano en el marco de una relación bilateral en tensión continua desde que el nuevo gobierno en Bogotá tomó las riendas de Colombia. Esta trama donde hay varios factores en convergencia, en un contexto de guerra que ya se ha extendido durante más de medio siglo en el país vecino, hace más caótica la situación y revela que la frontera binacional es, en este momento, un punto crítico que la mirada nacional no debe apartar.