Mié. 16 Septiembre 2026 Actualizado 5:15 pm

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La GL 52C amplía el margen de operaciones de empresas estadounidenses con PDVSA (Foto: Archivo)
GL 52C a la luz de los acuerdos firmados este año

¿Hasta dónde llega la nueva licencia de EE.UU. para operar con PDVSA?

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el pasado 14 de septiembre la Licencia General 52C, una autorización que amplía el margen de operaciones que determinadas empresas estadounidenses pueden realizar con Petróleos de Venezuela (PDVSA) y con las compañías en las que la estatal venezolana tenga, directa o indirectamente, una participación de al menos 50%. La licencia sustituye la versión anterior, la GL 52B.

La autorización permite a las entidades estadounidenses alcanzadas por la medida participar en operaciones que hasta ahora estaban prohibidas por las sanciones estadounidenses, siempre que cumplan las condiciones establecidas por OFAC. Entre ellas se encuentran la extracción, compra, venta, almacenamiento, comercialización, entrega, transporte, exportación y reexportación de petróleo venezolano y de productos derivados de origen venezolano.

El alcance también comprende actividades dentro de Venezuela. La GL 52C autoriza el suministro de diluyentes, bienes, servicios y tecnología necesarios para la exploración, el desarrollo y la producción en los sectores de petróleo, gas y productos petroquímicos. Y, de particular importancia para la expansión futura de la industria, permite la celebración de nuevos contratos de inversión destinados a esas actividades, así como la formación de nuevas empresas conjuntas u otras entidades relacionadas con ellas.

Una licencia que sigue sometida a condiciones

El documento, sin embargo, no supone, siquiera de manera aproximativa, el levantamiento general de las sanciones estadounidenses sobre PDVSA. Se trata de una licencia específica, con condiciones y exclusiones determinadas por Washington.

Entre las operaciones que permanecen fuera de la autorización están las relacionadas con bonos y deuda de PDVSA y sus subsidiarias, determinadas operaciones sobre participaciones accionarias de PDVSA y sus empresas, y cualquier transacción destinada a modificar la estructura de gobierno corporativo de PDV Holding, CITGO Holding o CITGO Petroleum Corporation. También quedan excluidas las operaciones con personas o entidades que continúan incluidas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN).

La licencia establece además restricciones sobre la forma en que pueden desarrollarse las operaciones autorizadas. No permite transacciones realizadas bajo condiciones que OFAC considere comercialmente irrazonables, ni pagos mediante oro, permutas de deuda o determinados activos digitales emitidos por o para el gobierno venezolano. También excluye operaciones que involucren personas o entidades vinculadas con Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y, bajo las condiciones especificadas por OFAC, China.

Otro elemento relevante está en los contratos celebrados con PDVSA u otras personas bloqueadas: los procedimientos de resolución de controversias deben desarrollarse en Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Singapur. OFAC aclaró que esta exigencia se refiere al lugar donde se desarrollen los procedimientos de resolución de disputas y no implica necesariamente que el contrato deba regirse por las leyes de esas jurisdicciones.

Venezuela amplía su mapa de negociaciones petroleras

La nueva licencia estadounidense se incorpora a un escenario más amplio en el que Venezuela viene negociando con empresas energéticas de distintas nacionalidades la recuperación y expansión de sus capacidades de producción de petróleo y gas.

La ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, explicó que durante 2026 se ha producido un proceso de negociación con empresas internacionales interesadas en desarrollar proyectos tanto en tierra como costa afuera. En una entrevista transmitida por Venezolana de Televisión, señaló que el gobierno ha venido concretando acuerdos con compañías de distintas nacionalidades y que cada proyecto responde a las características particulares del campo y al modelo de negocio acordado.

Uno de los primeros acuerdos que destacó fue el alcanzado con Shell para el norte de Monagas, donde el objetivo es recuperar yacimientos de crudo liviano y mediano, cuya producción resulta estratégica para la mezcla con los crudos pesados y extrapesados que predominan en la matriz petrolera venezolana. El proyecto contempla además la recuperación del parque compresor de gas de la zona, con funciones tanto para incrementar la producción como para fortalecer el suministro de gas al mercado interno, buscando atender la demanda de las industrias básicas y del sistema eléctrico nacional.

En materia gasífera, también destacó el desarrollo del proyecto Cardón 4, en el que participan empresas internacionales. El campo produce actualmente alrededor de 580 millones de pies cúbicos diarios de gas y se trabaja en una fase de expansión que permitiría llevar esa producción hasta aproximadamente 645 millones de pies cúbicos diarios. El proyecto forma parte de un conjunto más amplio de iniciativas orientadas a incrementar la disponibilidad de gas natural y desarrollar los recursos costa afuera de Venezuela.

La ministra también se refirió a los acuerdos con Chevron, cuya presencia en Venezuela se extiende a varias empresas mixtas. Según los datos, estas operaciones producen más de 270 mil barriles diarios y la previsión oficial es alcanzar unos 300 mil barriles diarios durante 2026, con una proyección posterior de crecimiento hasta 700 mil barriles diarios.

En el caso de Eni, Henao destacó el acuerdo para el desarrollo de Junín 5, en la Faja Petrolífera del Orinoco. El 2 de septiembre, la compañía italiana suscribió con PDVSA un Contrato de Participación Productiva de Hidrocarburos por 25 años, con posibilidad de extensión, mediante el cual asumió el papel de operador exclusivo del área. Eni señala que Junín 5 contiene 35 mil millones de barriles de petróleo en sitio certificados y que actualmente produce unos 12 mil barriles diarios.

La actividad negociadora también se extiende al gas costa afuera. Eni, por ejemplo, participa junto con Repsol en el campo Perla, dentro de la licencia Cardón IV, y ambas compañías han acordado condiciones para continuar y ampliar su producción, aumentando los volúmenes destinados al mercado venezolano y contemplando futuras exportaciones adicionales de gas.

Se prevé que se multiplicará la firma de acuerdos en lo que resta de año, teniendo en cuenta que al cierre de esta nota PDVSA suscribió un Memorándum de Entendimiento con la empresa estadounidense Continental Resources, lo que abre la puerta a la firma de contrato a largo plazo.

Henao hizo además una precisión relevante sobre la naturaleza de estos acuerdos: cada campo petrolero tiene características particulares y, por tanto, cada proyecto requiere un contrato y un modelo de negocio específico. Esto significa que la expansión de las asociaciones internacionales responde a diferentes estructuras diseñadas según las condiciones geológicas, productivas, financieras y operativas de cada área.

El panorama descrito por la ministra permite colocar la GL 52C dentro de una dinámica que trasciende la relación bilateral con Washington, en la que Venezuela busca incorporar capital, tecnología y capacidad operativa internacional a distintos segmentos de su industria energética.

La licencia general determina el margen de actuación de las empresas estadounidenses frente al régimen de sanciones de Washington; los acuerdos que Venezuela negocia con esas y otras compañías, en cambio, forman parte de su propia política de desarrollo de los recursos petroleros y gasíferos del país.

Ello a su vez se encuentra en consonancia con la orientación venezolana de estrechar relaciones económicas y comerciales, sobre todo hidrocarburíferas, con Estados Unidos, en un contexto de dinámica asimétrica donde la política hemisférica del presidente Donald Trump se basa en el aseguramiento y la expansión de la firma de contratos de compañías estadounidenses con gobiernos y sectores privados en toda la región latinocaribeña. Esta aproximación da cuenta de que Washington no tiene la menor intención de levantar sanciones a Venezuela, en vista de que puede gestionar la ventaja coercitiva a través de la emisión de licencias generales y específicas, y por ende esperar una mayor alineación en el sector petrolero y gasífero con Caracas.

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