Parece como si toda la deshonrosa historia de la ilegalidad estadounidense en América Latina se destilara en la saga de Kilmar Ábrego García: el hombre cuya deportación ilegal a El Salvador y encarcelamiento en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) ha desatado la indignación en Estados Unidos entre los defensores de los derechos humanos y los opositores a la administración Trump.
Algunos consideran que la llegada de Ábrego García a El Salvador marca un nuevo y oscuro capítulo en la historia de Estados Unidos, pero Washington lleva mucho tiempo apoyando y aprovechando la ilegalidad en América Latina para perseguir sus propios objetivos.
Durante las décadas de 1970 y 1980 los regímenes anticomunistas respaldados por Estados Unidos "desaparecieron" a cientos de miles de ciudadanos latinoamericanos, en una forma de terrorismo de Estado que se remonta a la Alemania nazi. El Salvador se hizo tristemente famoso por estas "desapariciones" políticas. Unas 71 mil personas, entre 1 y 2% de la población salvadoreña, fueron asesinadas o desaparecidas.
Un aspecto clave del terror, por aquel entonces, era el desconocimiento. Los amigos y familiares de "los desaparecidos" se agotaban lidiando con burocracias laberínticas. Los funcionarios del gobierno se encogían de hombros ante sus preguntas, diciéndoles que sus familiares desaparecidos probablemente se habían ido a Cuba o se habían escapado con una amante.
La impunidad de "jódete", exhibida durante la reciente visita de Bukele al Despacho Oval, es un orden superior del terror.
Hoy, sin embargo, Trump, ayudado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, no siente necesidad de tales evasivas. La impunidad del "jódete", exhibida durante la reciente visita de Bukele al Despacho Oval, es un terror de orden superior destinado no a generar dudas sino a infundir impotencia. "Por supuesto que no lo voy a hacer", dijo Bukele cuando se le preguntó si devolvería a Ábrego García.
Alrededor de 2% de la población de El Salvador languidece en los gulags de Bukele, y el país registra la tasa de encarcelamiento per cápita más alta del mundo, una cifra comparable a la de unas 7 millones de personas en Estados Unidos.
Es como si, de repente, nadie pudiera dar cuenta de todos los habitantes de Arizona, solo para enterarse de que han sido enviados al Cecot.
El movimiento para que Ábrego García sea devuelto, al igual que cualquier esfuerzo para frenar la depredadora administración Trump, es inspirador. Sin embargo, todos los deportados al Cecot merecen nuestra atención. El crimen de Estado no consiste en que una persona inocente haya sido enviada allí por "error" sino que alguien haya sido enviado allí en primer lugar.
El Cecot, sin embargo, debe ser reconocido no como una aberración en la historia de Estados Unidos en América Latina sino como una extensión de la misma. No hay que idealizar los "buenos viejos tiempos", decía Bertolt Brecht, cuando se lucha contra los "nuevos malos tiempos" del fascismo. Ese consejo es válido para los esfuerzos del gobierno de Trump por utilizar a El Salvador como receptáculo de sus desechos.
Washington estuvo profundamente implicado en la acérrima represión histórica hacia América Latina ayudando a crear un formidable sistema de escuadrones de la muerte, campos de exterminio y vuelos de la muerte: helicópteros o aviones que arrojaban a los presos políticos al océano para que se ahogaran.
Condenen a Trump en voz alta y segura. Exijan el regreso de Ábrego García. No olviden, sin embargo, que Estados Unidos lleva mucho tiempo perpetuando actos ilegales en América Latina.
La ilegalidad en América Latina
En América Latina la línea entre combatir y facilitar el fascismo ha sido fungible. Durante la Segunda Guerra Mundial Washington invirtió una enorme capacidad represiva en los vecinos del hemisferio como parte del esfuerzo bélico aliado contra el nazismo. Una vez ganada la guerra, las fuerzas de seguridad de la región, alentadas por la administración Truman, volvieron sus armas contra los antifascistas latinoamericanos.
En 1948, por ejemplo, Chile reprimió una huelga de mineros con su ejército fortificado por Estados Unidos. Los militares, según lo que escribió la historiadora Jody Pavilack, tomaron "el control total de las minas, las ciudades y el campo circundante" y "enviaron a cientos de personas a campos de prisioneros militares y desterraron a miles más de la región".
Apenas cuatro años antes muchos de estos huelguistas habían oído al vicepresidente de Franklin Roosevelt, Henry Wallace, decirles que eran la primera línea de la democracia. Ahora se encontraban en la línea de muerte, perseguidos por un joven capitán del ejército, Augusto Pinochet, que acorralaba a los mineros del carbón y el nitrato. Muchos fueron detenidos en la colonia penal de Pisagua, en el desierto de Atacama —durante su dictadura posterior a 1973, Pinochet volvería a utilizar la colonia como centro de detención y tortura, y lugar de fosas comunes para las víctimas de su régimen—.
Ecuador también utilizó tanques y aviones del programa de préstamo y arriendo de Estados Unidos para sitiar una protesta estudiantil. Bolivia y Paraguay también desplegaron tanques suministrados por el país para disolver huelgas.
A medida en que avanzaba la Guerra Fría Washington respaldó una serie de golpes de Estado, comenzando en Venezuela y Perú en 1948, que a mediados de la década de 1970 convirtieron a América Latina en un continente de guarnición.
La CIA se interpenetró en casi todos los aspectos de la sociedad civil. Entre los documentos recientemente desclasificados relacionados con el asesinato de John F. Kennedy había un informe que revelaba que esa instancia montó las elecciones de 1966 en Bolivia como si se tratara de una producción de Broadway, gastando cientos de miles de dólares tanto en el candidato ganador como en su oponente para que el proceso pareciera "creíble". La agencia juzgó su producción como un "auténtico tour de force". Cinco años más tarde Washington prescindió de la pretensión y se limitó a respaldar un golpe militar directo en Bolivia.
Washington dotó a las agencias de seguridad e inteligencia de la región con un enorme poder represivo. Los escuadrones de la muerte latinoamericanos no eran vigilantes independientes sino las primeras líneas de una cruzada continental cada vez más integrada. Funcionarios estadounidenses ayudaron a sincronizar las unidades nacionales de inteligencia latinoamericanas en una única operación que funcionaba bajo el nombre de Cóndor. Sus agentes recibían información de la CIA y se comunicaban a través de un sistema continental de la agencia con base en la zona del canal de Panamá. Las agencias de inteligencia europeas buscaron en Cóndor lecciones sobre cómo construir sus propias máquinas de represión.
Estados Unidos envió a muchos hombres hacia América Latina, a menudo bajo los auspicios de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, o Usaid por sus siglas en inglés, para entrenar a latinoamericanos en el arte de la tortura. Ninguno fue más notorio que Daniel Mitrione.
Mitrione llegó a Brasil antes del golpe de Estado orquestado por la CIA en 1964, como parte de un equipo cuyo trabajo consistía en aplicar un "método científico" a la tortura. Hizo lo mismo en Uruguay, donde inventó instrumentos de tortura únicos. Uno de ellos era la "silla del dragón", hecha de metal conductor, con barras articuladas que presionaban las extremidades del prisionero desnudo cada vez que se aplicaba una descarga, creando profundos cortes en la piel.
Entonces, como ahora, la ausencia total de rendición de cuentas no era simplemente un hilo común entre los socios de Estados Unidos; era una condición básica para las asociaciones. En Brasil, Uruguay y otros lugares los designios de dominación del Hegemón hicieron necesaria tal brutalidad, al igual que hoy en El Salvador, donde Trump pretende aprovechar un enorme centro de detención para crear un destino para deportaciones masivas que no rinda cuentas.
El regocijo con el que Trump, Bukele y otros en esa reciente reunión en la Casa Blanca discutieron su plan fue espeluznante.
Horrores hechos en casa
Hoy hay mucha preocupación de que Trump esté planeando eliminar el debido proceso de los ciudadanos estadounidenses al intentar encarcelar a "criminales hechos en casa" en las prisiones de El Salvador.
Sin embargo, durante la Guerra Fría, decenas de ciudadanos estadounidenses fueron víctimas de las fuerzas de seguridad financiadas por Estados Unidos. Al menos seis ciudadanos estadounidenses fueron detenidos en el estadio de fútbol de Santiago de Chile, que Pinochet había convertido en un campo de concentración tras el golpe de 1973 orquestado por la CIA.
Dos de ellos, Charles Horman y Frank Teruggi, desaparecieron a manos de las fuerzas de seguridad, que actuaron basándose en información de inteligencia proporcionada o confirmada por la CIA. Ben Linder, que se encontraba en Nicaragua utilizando sus conocimientos de ingeniería para construir una presa hidroeléctrica rural y sus dotes de malabarista y monociclista para entretener a los niños locales, fue uno de los varios ciudadanos estadounidenses asesinados por los Contras dirigidos por Estados Unidos.
En El Salvador la embajada estadounidense ha erigido descaradamente un monumento a los ciudadanos estadounidenses asesinados en la guerra civil del país. Conmemora tanto a los soldados estadounidenses que trabajaron con los escuadrones de la muerte del país como a los activistas asesinados por esos escuadrones de la muerte, entre ellos las hermanas Maura Clarke, Ita Ford, Dorothy Kazel y la misionera laica Jean Donovan. Las monjas fueron violadas y asesinadas en 1980 por la guardia nacional salvadoreña que actuaba bajo las órdenes de oficiales, que a su vez recibían órdenes de patrocinadores estadounidenses.
La embajadora de Ronald Reagan ante Naciones Unidas, Jeane Kirkpatrick, dijo ncon una lógica moral similar a la de Trump: "Las monjas no eran solo monjas. Eran activistas políticas". Bien, entonces.
Democracia y deshumanismo
Las imágenes de los gulags de Bukele —con prisioneros empujados unos contra otros, desnudos y con las cabezas rapadas— han llamado la atención del mundo entero. Para muchos observadores, las imágenes evocan la deshumanización de los barcos negreros y los campos de exterminio nazis. Representan una brutalidad que para muchos define a América Latina, reflejada en la oscura historia de la Guerra Fría, desde las desapariciones a la tortura, pasando por las detenciones masivas hasta los vuelos de la muerte.
Sin embargo, estas historias no son la totalidad de América Latina. Junto a toda la deshumanización corre otra historia, una de humanización, una corriente emancipadora cuyas raíces se remontan a la oposición a la Conquista española.
El entrelazamiento y los choques de estas corrientes supranacionales son crudamente visibles en El Salvador de hoy. El país no es simplemente una colonia penitenciaria; es una tierra llena de gente que lucha por sobrevivir, y su realidad es algo más que la voluntad de poder de Bukele y Trump, algo más que fotos porno de la crueldad.
La mayor parte de la cobertura en inglés de la resistencia a Bukele se centra en los abogados y políticos de clase media. Sin embargo, a menudo se pasan por alto los oponentes más pobres del presidente: los activistas campesinos, sindicales, ecologistas y feministas que, literalmente, se juegan la vida.
Los líderes de los movimientos de oposición, especialmente las mujeres, pero también los ecologistas y los sindicalistas, son asesinados a un ritmo constante. Muchos de los que no son asesinados son procesados por cargos falsos en un sistema judicial que cumple las órdenes del presidente. Bukele ha sometido al país a lo que parece un estado de excepción permanente, acusando a las organizaciones de la sociedad civil de ser tapaderas de las bandas.
Siglos de violencia parecían haber grabado a fuego en los activistas una capacidad irrefrenable para reconocer la dialéctica que se esconde tras la brutalidad y para responder a cada cuerpo ensangrentado —a cada ser humano encarcelado ilegalmente— con afirmaciones cada vez más firmes de humanidad, cada vez más organizativas.
Una activista feminista anónima, refiriéndose a las mujeres condenadas a largas penas de prisión por haber abortado, dijo que "después de ver cómo le ocurre esto a alguien, te corre por las venas. Lo llevas en la piel. Cuando pienso en implicarme en los derechos de la mujer, después de ver lo que pasan las mujeres, ¿cómo podría no hacerlo?".
Si la democracia se midiera por ese coraje, entonces El Salvador y toda América Latina, donde los activistas de los movimientos sociales, contra grandes obstáculos y enfrentándose a grandes peligros, luchan por una sociedad más igualitaria, deben considerarse entre los lugares más democráticos de la Tierra.
Si hay esperanza allí, entre los salvadoreños, tal vez la haya también para sus vecinos del norte: no solo en que Estados Unidos deje de apoyar e impulsar la ilegalidad en América Latina, sino también en que incluso la propia ilegalidad se supedite a una aspiración superior: que todos nos humanicemos a los ojos de los demás.
Greg Grandin es historiador y autor del nuevo libro América, América: una nueva historia del Nuevo Mundo. Catedrático de Historia Peter V. y C. Vann Woodward en la Universidad de Yale, su libro El fin del mito ganó el Premio Pulitzer de No Ficción en 2020.
Este artículo fue publicado originalmente en inglés en The Intercept el 22 de abril de 2025 y fue traducido para Misión Verdad por Spoiler.