El pasado martes 29 de abril el presidente estadounidense, Donald Trump, insistió, sin pruebas ni evidencias empíricas, en que el gobierno de Venezuela envió al Tren de Aragua (TdA) hacia su país para desestabilizarlo y fomentar "violencia"en el territorio. Esto en el marco del cumplimiento de sus 100 días de mandato celebrado en el Macomb Community College, en Warren, Michigan.
"Este mes, dos venezolanos miembros del Tren de Aragua fueron arrestados en el estado de Washington por secuestrar a una mujer de 58 años. La perforaron con un taladro para robar la información de su banco, le dispararon y ella sobrevivió de milagro, pero no se siente muy bien", dijo el mandatario en su acostumbrada difusión de información no confirmada, ya que no existen pruebas de dicha acusación.
Aunque una evaluación confidencial del Consejo de Inteligencia Nacional estadounidense, publicada a mediados de abril pasado, confirmó que la banda no ha estado controlada por el gobierno venezolano, el mandatario dijo que "recientemente el FBI determinó que estas pandillas han sido enviadas por el régimen de Venezuela, para fomentar violencia e inestabilidad en Estados Unidos".
El magnate convertido en presidente volvió sobre su narrativa delirante sentenciando que en Venezuela "vaciaron sus cárceles mandando la gente a nuestro país, pero también vienen de África, de Asia, de Suramérica, de los peores lugares. Por eso he invocado la Ley de Enemigos, para expulsar a estos terroristas del país cuanto antes. No hay que olvidar que ya no vamos a seguir aguantando estás tonterías".
Mentiras antes que justicia
Es evidente la huida hacia adelante de Trump en sus declaraciones. Su gobierno intenta desviar la atención pública del caso de una niña venezolana de tan solo dos años de edad, Maikelys Espinoza, que ha sido secuestrada y separada de sus padres bajo acusaciones sin fundamento del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS).
El hecho implica a su gobierno en otra flagrante violación a los derechos humanos, tan grave como el envío de más de 250 venezolanos a una cárcel de máxima seguridad salvadoreña luego de ser señalados de pertenecer a la banda criminal en cuestión. Para ello, Trump invocó una ley del siglo XVIII que permite expulsiones sin juicio previo, lo que ha sido calificado de crimen de lesa humanidad por parte de autoridades venezolanas.
El gobierno venezolano es acusado falsamente de enviar pandillas a un territorio extranjero por el mismo mandatario que encubrió la contratación, entrenamiento e incursión de más de 80 mercenarios de la Operación Gedeón de 2020.
Como expresión del unilateralismo que lo caracteriza, Estados Unidos criminaliza a los migrantes venezolanos mediante un baremo basado en fotos robadas de internet, lo que demuestra la ausencia del Estado de Derecho. Solo el uso de franelas de baloncesto o de tatuajes alusivos a siluetas de fusil AK-47, y frases publicitarias como "Real hasta la muerte", es motivo para ser vinculado al TdA sin derecho a la defensa y hasta violando órdenes judiciales.
Lo usual en Trump es mentir, pero es destacable su esfuerzo en el tema migratorio. Aunque su país cuenta con agencias de inteligencia con altos niveles de trabajo minucioso, ninguna de ellas ha podido corroborar, por ejemplo, que "muchos" migrantes de la era Biden procedían de prisiones o instituciones psiquiátricas de otros países y que las estaban "vaciando"en Estados Unidos. Muchas otras sentencias del mandatario carecen de pruebas o respaldo, siendo lo más grave que sus falsedades desvíen el destino vital de personas inocentes.
El mito y el delirio por encima de todo
La construcción del mito del TdA en Estados Unidos ha contado con la narrativa fabricada de medios y agencias que orbitan alrededor del Departamento de Estado. Se incluyen en dicha constelación actores como Insight Crime, que establece un tendencioso criterio selectivo sobre amenazas y enemigos en función de los intereses geopolíticos de EE.UU. Además está el proyecto OCCRP, portal investigativo que suele enfocarse en los adversarios de Estados Unidos y está conformado por medios mainstream como CNN y Telemundo, entre otros.
Llama la atención que Trump mantenga a flote el relato acerca de esta banda por encima de estructuras criminales como los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que cuentan con armamento y entrenamiento proveniente de Estados Unidos, tienen presencia en más de cien países y poseen más de 45 mil miembros, asociados y facilitadores.
Ambas estructuras actúan en sinergia con las bandas Los Choneros y Los Lobos en la conformación de un narcoestado en Ecuador. Además, Trump obvia la implicación del gobierno salvadoreño en el despliegue de las maras. Aunque el presidente Nayib Bukele ha impulsado medidas de excepción para combatir la Salvatrucha (MS-13), su Departamento de Estado posee pruebas de que ha negociado con esta y otras organizaciones para facilitar su pretendida gesta a cambio de beneficios a sus líderes.
El Primer Comando de la Capital (PCC) es la banda criminal más grande de Brasil y se ha expandido por Perú, Argentina y Chile. Tiene más de 35 mil miembros y ya domina gran parte de los penales de Paraguay y Bolivia. Aunque sus líderes han sido sancionados por el gobierno estadounidense, la vocería ha sido mínima respecto al eventual impacto de su actividad.
Colombia cuenta con un holding narcoparamilitar que ha escalado e industrializado la elaboración y exportación de psicotrópicos al mismo Estados Unidos. Sus más prominentes organizaciones son el Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), y Los Urabeños o Clan Úsuga, que forman parte del conflicto armado interno. Se desconoce, además de las sanciones, alguna acción de la Casa Blanca contra sus receptores en territorio estadounidense.
Ninguno de los gobiernos de los países mencionados ha sido acusado de participar en las actuaciones de estas estructuras criminales, tampoco las administraciones entrantes a la Casa Blanca lo han hecho contra las salientes. Aun cuando ha habido casos elocuentes como el del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA), José Irizarry, quien hasta 2020 ―año de la salida de Trump de su primera presidencia― operó en un esquema de lavado de dinero y fraude en conjunto con un cartel de drogas colombiano junto a docenas de otros agentes federales, fiscales e informantes.
El TdA fue desarticulado por el gobierno venezolano en septiembre de 2023 mediante la Operación de Liberación Cacique Guaicaipuro realizada en el Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como Tocorón, y algunos de sus líderes fugitivos han sido recapturados o permanecen solicitados mediante Interpol. Ni Estados Unidos ni sus aliados en la región han demostrado proactividad en la búsqueda de los indiciados.
No existen en Venezuela sino reductos vinculados con planes conspirativos que, segun el gobierno, son financiados por la oposición extremista y patrocinados por Estados Unidos. Tampoco hay evidencias claras de que el TdA mantenga la capacidad logística y económica necesaria para "invadir" ese país, que es la premisa falsa que utiliza la administración Trump para deportar a venezolanos bajo la figura de "enemigos extranjeros". Sin embargo, este relato ha sido respaldado por la vocera del extremismo, María Corina Machado.
La narrativa de "criminales infiltrados" es una excusa para profundizar el asedio sobre Venezuela mediante la demolición de la dignidad de su ciudadanía, dentro y fuera del país. Ni Trump ni su gobierno han podido justificar en serio sus políticas inhumanas de detención y separación familiar.
Al acusar falsamente al gobierno venezolano de estar detrás de un plan de "invasión" a su territorio, Estados Unidos traza la ruta para convertir Venezuela en un objetivo bélico y regresa a la misma escalada de amenazas de los tiempos de la "máxima presión" que, en ese entonces, contó con la colaboración de Juan Guaidó y, ahora, con la de Machado.
La insistencia criminalizadora de Trump, realizada a pocos días del alcance de nuevos acuerdos de Venezuela con China, es parte de la misma arremetida de Washington contra el resto del planeta, en particular del Sur Global al que ha llamado "los peores lugares". De allí la justificación de las violaciones a los derechos humanos a migrantes venezolanos, que cuenta con el silencio cómplice de la llamada "comunidad internacional".